• Albert Torres Mercado

Pueblo v. Cruz: Una determinación necesaria

La pandemia desató múltiples problemas medulares en diferentes ámbitos que necesitan ser resueltos. El COVID-19 se expandió rápidamente por el mundo sin permitir tan siquiera un mínimo de preparativos, y la Rama Judicial de Puerto Rico no ha sido la excepción. Probablemente, la Rama Judicial confronta uno de los procesos más difíciles de su historia moderna. Tanto es así que la solución de algunas de estas controversias podría ocasionar otros conflictos a mediano y a largo plazo.


Probablemente no se ha discutido ampliamente en los medios de comunicación, pero el sistema procesal penal atraviesa importantes desafíos que necesitan ser atendidos con urgencia.


Los procedimientos penales no pueden ceder ni paralizarse por la pandemia.


Las dificultades no son excusa para retrasar los procesos. Debido a la dilación de los procedimientos, las garantías constitucionales de los acusados se han puesto en duda en ciertos casos. En Pueblo v. Cruz Rosario, el Tribunal Supremo debía decidir si el uso de mascarillas por parte de los testigos menoscaba el derecho a la confrontación. Ese foro judicial entiende que no es así.


Las plataformas virtuales han sido de gran beneficio, pero ¿hasta qué punto pueden ayudar a salvaguardar un procedimiento penal?


En este momento, hay controversias relacionadas con el derecho a la libertad de las personas y su derecho a un juicio rápido. Esto podría provocar una crisis sin precedentes de habeas corpus y, hasta cierto punto, lacerar los derechos del acusado. Además, ante la ausencia de un debido proceso, se corre el riesgo de devolver personas peligrosas a la libre comunidad.


El Tribunal Supremo de Puerto Rico tenía que tomar una decisión, aunque fuese difícil y no simpatizara necesariamente con todos los sectores de la Rama Judicial. Era su responsabilidad evitar que se paralizaran los procesos penales ante la vulnerabilidad e inestabilidad de los medios virtuales. Era necesario establecer protocolos para que las salas del tribunal vuelvan a trabajar de manera limitada y ordenada, pero presencial.

Lo resuelto en Pueblo v. Cruz Rosario demuestra el interés que tenía el máximo foro de continuar los procedimientos penales de manera segura y ordenada para salvaguardar el debido proceso.


El uso de las mascarillas en los testigos no lesiona el derecho constitucional a la confrontación. El derecho a la confrontación tiene tres vertientes procesales: 1) derecho al careo o confrontación cara a cara con los testigos adversos, 2) derecho a contrainterrogar, y 3) derecho a excluir la prueba de referencia que intente presentar el ministerio público.


Ninguna de las tres vertientes, en mi opinión, se ve afectada porque el testigo utilice mascarilla. Después de todo, la mascarilla solo protege la boca y la nariz, pero no se extiende a los ojos. Por lo tanto, el demeanor de un testigo puede evaluarse mediante la observación del lenguaje corporal, gestos que hace con los ojos y las cejas, titubeos, contradicciones, manierismos, dudas y vacilaciones.


Es una decisión acertada que busca garantizar el debido proceso de ley, aun en circunstancias extraordinarias.


No se puede cambiar la realidad, hay que adaptarse a ella y sobrevivir lo mejor que se pueda. Hay procedimientos que deben garantizarse y no se pueden lacerar o paralizar. El Tribunal Supremo actuó de manera correcta. Las situaciones extraordinarias ameritan decisiones extraordinarias.


VSC



Image by Ricardo Dominguez

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