• Mayrelis Bernard Reyes

Necesario atender los derechos laborales de exconvictos

Actualizado: sep 2

El abogado Jaime Sanabria Montañez dialogó sobre los problemas que enfrentan las personas con antecedentes penales al reincorporarse a la fuerza de trabajo





A pesar de los esfuerzos de algunas leyes y distintas organizaciones sociales, el abogado laboral Jaime Sanabria Montañez reconoció, el pasado miércoles, 26 de agosto, que la reinserción al ámbito laboral suele ser angustiante para muchos exconvictos.


El también profesor de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras indicó, en un conversatorio virtual, que “los exconvictos son un grupo que ha sido marginado históricamente al momento de buscar oportunidades de empleo”. 


“El hecho de que una persona tenga un historial delictivo no significa que queda excluida de la sociedad o no podrá ser reclutada para trabajar para un patrono”, expresó Sanabria Montañez

Aunque en Puerto Rico existen legislaciones federales y estatales que protegen contra la discriminación laboral por género, raza, condición económica, orientación sexual y otras clasificaciones sociales, “el estatus de exconvicto no ha sido considerado como una categoría protegida dentro de las leyes laborales”, señaló el profesor de derecho de la UPR.

Para atender este problema, los senadores José A. Vargas Vidot y Miguel A. Romero Lugo presentaron, en 2018, el Proyecto del Senado 992, para crear la Ley contra el discrimen en el empleo por condición de exconvicto. Sin embargo, este proyecto no ha sido aprobado.


El experto en derecho laboral explicó que, al momento de evaluar una solicitud de empleo de un candidato con antecedentes penales, todo patrono debe considerar la gravedad del delito cometido, si la persona tuvo acceso a rehabilitación y determinar si la falta cometida se relaciona con el empleo solicitado.

Despido injustificado

En Puerto Rico, la Ley 80 protege a los empleados contra despidos injustificados por su condición social. Si un patrono despide a un trabajador sin una razón válida, debe pagarle una indemnización.

Según Sanabria Montañez, los antecedentes penales no son un motivo justificado de despido. No obstante, añadió que, si un empleado de una empresa comete un delito, el patrono puede suspenderlo “en lo que se esclarece el caso”.

“Si una persona es suspendida de sus labores por 3 meses o más, el patrono puede certificar su despido. Si un empleado se encuentra encarcelado a espera de juicio, lo correcto es esperar el mayor tiempo posible, buscar un empleado sustituto y darle la oportunidad a ese trabajador de resolver su situación antes de completar el despido”, dijo Sanabria Montañez.

A pesar de que muchos exconvictos son amparados por la Ley 80, esta no protege del discrimen a las personas que hayan cometido delitos graves.

“Si se comprueba que la solicitud de empleo se relaciona a los antecedentes penales, se le puede negar el empleo. No vamos a contratar en una escuela preescolar a un maestro con un historial de pedofilia”, puntualizó. 

Sanabria Montañez participó del seminario virtual “Los derechos de los exconvictos y personas con antecedentes penales, y las obligaciones de los patronos”, organizado por el bufete ECIJA SBGB. 


VSC



Image by Ricardo Dominguez

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